El Fondo para la Protección de Lisiados y Discapacitados ha puesto en marcha programas de reinserción productiva y atención psico-social

La cruenta guerra salvadoreña dejó más de 30,000 personas lisiadas. Aunque los Acuerdos de Paz les reservaron un apartado específico, miles de afectados exigen cambios que les permitan mejorar su calidad de vida, especialmente en la atención integral de su salud. No obstante, señalan los avances alcanzados después de que el actual gobierno saldara la “deuda histórica” de 19 millones de dólares con el sector.
Israel Quintanilla creció en San Vicente y rondaba los 14 años cuando se incorporó a la guerrilla. “Yo iba a trabajar, había un caporal que decidía qué quería hacer con uno. Y uno no podía decir nada. Me acuerdo de una vez que habíamos como 25 cipotes y fuimos a que nos dieran la comida. La persona que estaba entregándola no nos quería dar. La gente decía que había que organizarse para cambiar esto. Ya uno iba despertando”.

Hoy se encarga de la presidencia de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador ‘Héroes de noviembre del 89’ (ALGES). La organización nació en 1997, cuenta con alrededor de 7 mil afiliados en los 14 departamentos y agrupa a personas lisiadas de guerra del FMLN, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.

Junto con el Comité de la Tercera Edad y Huérfanos Víctimas de la Guerra (COMITEH), presentaron el pasado enero una propuesta en la Asamblea Legislativa para reformar la Ley de Beneficio para la Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado.
Reclaman la inclusión en el sistema de pensiones de los padres y madres de combatientes caídos, un aumento de las pensiones (que varían dependiendo del grado de discapacidad) y, sobre todo, la revisión del artículo 28 de la Ley relativa a la “atención integral en salud”, demandando que se le atienda también por los problemas sanitarios derivados de las lesiones.

Con más de 3 mil miembros activos, otra de las agrupaciones más numerosas es la Asociación de Lisiados de las Fuerzas Armadas de El Salvador (ALFAES), nacida en 1993 y presidida por Efraín Fuentes Mojica. Este militar que formó parte del Batallón Atlacatl opina también que “nos atienden solo por la lesión. Mueren lisiados todos los años por enfermedades que no son por la lesiones, por enfermedades que son tratables”.
Ambas organizaciones reconocen el esfuerzo de la actual administración por dar una mayor atención. “Estábamos hablando antes de que entrara este gobierno, había alrededor de 8300 beneficiarios”, cuenta Quintanilla.

El pasado año el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados (FOPROLYD) atendió 13 300 personas y 2 mil padres y madres de combatientes fallecidos. Se emplearon para tal efecto 33 millones de dólares, lo que supone un incremento considerable, puesto que en 2009 su presupuesto rondaba los 18 millones.

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