Naciones Unidas, 3 dic (PL) El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó hoy en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad a garantizar el acceso de ese sector a modernas tecnologías que impulsen su bienestar e inclusión.

Las tecnologías cambian el mundo, traen conocimientos e incrementan las oportunidades, sin embargo, muchos seres humanos con limitaciones físicas o psíquicas no cuentan con estas herramientas esenciales, advirtió en su mensaje a propósito de la jornada, la cual fue proclamada en 1992 por la Asamblea General.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) lanzará una iniciativa legislativa popular “contra el copago confiscatorio” de la ley de Dependencia para modificar esta norma y solicitar que se incluyan “criterios más claros, justos e iguales en relación a la capacidad económica” de los beneficiarios de las prestaciones que contempla el sistema de ayudas.

El CERMI aprovechó la celebración este miércoles del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que coincide con la toma de posesión del nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, para anunciar esta iniciativa, que incluirá medidas como la exención del copago a quienes perciban menos de 1.331 euros (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, Iprem) o fijar una aportación máxima por persona que no sea superior al 60% del coste del servicio. También se propondrá que a la persona dependiente se le garantice una cantidad para destinar a gastos personales que no sea inferior al 40% de su capacidad económica.

Uruguay se convirtió en el cuarto país del mundo en ratificar el Tratado de Marrakech, que procura facilitar a ciegos o débiles visuales el acceso a las obras publicadas, informó hoy la cancillería.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores resaltó que la ratificación del Uruguay sólo fue precedida por las de la India, El Salvador y los Emiratos Árabes Unidos.

El director del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) dijo el pasado 7 de diciembre que en la República Dominicana hay más de un millón y medio de personas con discapacidad, de los cuales un 20% trabajan en instituciones públicas, mientras que otra parte carecen de documentos civiles, por lo tanto, no tienen acceso a los servicios de educación y salud. Margino Corporán, director del CONADIS, adujo que las personas que no tiene documentos civiles no existe, por ende, no pueden tener relaciones con las instituciones del orden público, vale decir, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Sin embargo, el funcionario desconoce la cantidad de personas con discapacidad que no tienen documentos, y que tal vez en algunos años podrán decir esa cifra, porque «esta sociedad lo tienen escondidos». Expresó que unos de los principales retos que tiene esta sociedad es dotar a las personas con discapacidad de sus documentos, que el órgano que compete es la Junta Central Electoral (JCE), y que ya viene haciendo un esfuerzo de muchísima calidad. Señaló que otro de los retos, tiene que ver con las personas con discapacidad iletrada, y que muchas de ellas están fuera de las escuelas.

Con el propósito de generar un espacio de cooperación judicial de experiencias en materia de capacidad jurídica para personas con discapacidad, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, organiza el I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Este evento también servirá como escenario para la exposición de soluciones para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Sistema Peruano, como instrumento para la restitución efectiva de los derechos de Igualdad ante la Ley de las personas con discapacidad y de su capacidad jurídica.

Estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) participaron en la creación del Sistema de Certificación para personas con alguna discapacidad bajo la coordinación y capacitación de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

Irvin A. Halman, administrador de la AIG, señaló que este tipo de proyecto es el que más le complace a la entidad bajo su cargo porque tiene alcances sin límites con lo que próximamente se podrá realizar el registro, evaluación y la certificación de las personas.