Maria Luisa De La Torre Vicent
CEDAL
Perú
La migración como fenómeno social en la actualidad supone un “problema” para los países de destino en términos culturales, políticos, económicos y, principalmente, de opinión pública. Esto supone ampliación de la interconexión mundial y aumento de flujos transfronterizos de capital, productos, ideas y también de personas.
A partir de la segunda Mitad del Siglo XX, los movimientos migratorios se han erigido como factor clave de cambio social debido a su concentración en países y regiones determinados, principalmente en función de yacimientos de empleo situados en ciudades de países occidentales. Esto genera cambios radicales en el desarrollo tanto de países de origen como de destino. Pero también en estos últimos años producto de la crisis mundial vivimos una situación de retorno “voluntario” de compatriotas de diversos sectores para los que no hay opciones en situaciones laborales, sociales, educativas y/o culturales.
En las últimas décadas, hay diversas explicaciones sobre la discapacidad, lo que ha supuesto un cambio de concepción importante en nuestras sociedades. Los planteamientos tradicionales, centrados en asistencia, recuperación y rehabilitación de las capacidades funcionales, se han ido sustituyendo por otros que plantean la necesidad de dar visibilidad y eliminar obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades y la plena participación de las personas con discapacidad en nuestras sociedades.
El modelo social, lo enfoca desde el punto de vista de la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, considerando que ello no es un atributo de la persona, sino el resultado de un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por el entorno social. Por consiguiente, la solución exige la acción social, y la sociedad tiene la responsabilidad colectiva de realizar las modificaciones necesarias en el entorno para facilitar la plena participación en todas las esferas de la vida social de las personas con discapacidad. En el nivel político, esta responsabilidad se configura como una cuestión de derechos humanos.
Esta semana se aprobó la creación de la Superintendencia Nacional de Migraciones mediante DL 1130 y está por aprobarse la Ley General de Personas con Discapacidad; para lo que es necesario tener en consideración la situación de familiares, migrantes y retornantes en estas condiciones para plantear sus derechos ciudadanos y la exigencia de una calidad de vida adecuada. ¿Que tenemos a la fecha y que queremos? Se requieren nuevas políticas y programas en educación, salud, transporte, promoción de empleo, crédito, comunicaciones, deporte, investigación científica, etc., para aplicar la ley y asignarle recursos presupuestales. Solo así se pueden adecuar instalaciones, comprar equipos y auxilios ortopédicos, generar servicios, nombrar personal especializado en diferentes niveles.
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